Abogado Tributario
Muchos de los derechos fundamentales del contribuyente han sido
reconocidos después de décadas de reclamos ante los Tribunales, como
sucede con el derecho al debido proceso ante un juez imparcial, y no ante el
SII que por más de medio siglo actuó como juez y parte en los juicios
tributarios.
Lo mismo ocurre con el deber del Fisco de “presumir” que el contribuyente
actúa de buena fe, salvo que se pruebe lo contrario; o con la obligación del
SII de probar los fundamentos de cualquier acusación y no como antes,
cuando era el contribuyente quien debía probar todo, incluso su inocencia.
Para el respeto de los derechos del contribuyente es esencial que la
Administración y sus funcionarios cumplan la ley, tal como lo ha declarado
la Corte Suprema y lo ordena la propia Constitución, que les prohíbe ejercer
más autoridad o derechos que los que expresamente les haya otorgado el
ordenamiento jurídico.
Lamentablemente, a veces el Fisco olvida cumplir ese “principio de
legalidad”, que es la piedra angular de nuestro Estado de Derecho, como
sucedió en un reciente caso concluido en el Tribunal Tributario de Los Ríos,
en el que para cobrar más de 900 millones de pesos en impuestos,
intereses y multas, el fiscalizador, su jefe de grupo, y el equipo jurídico,
olvidaron, como por arte de magia, que para girar y cobrar determinados
tributos se debía “citar” previamente al contribuyente para oírlo, y luego,
sólo si procedía, poder “liquidar” el impuesto, permitiendo la defensa del
contribuyente en cada trámite.
Al quedar en evidencia ese “olvido” de los derechos fundamentales del
particular, el SII debió aceptar el reclamo judicial y anular el giro de los
impuestos ilegalmente realizado.
Ante el anuncio del plan 2021 de la Dirección Nacional del SII, con
“acciones dirigidas a los focos de mayor control y menor evasión”, parece
necesario recordar que el fin de una mayor recaudación no justifica
cualquier medio de acción, pues el Estado de Derecho exige el respeto de
la ley, especialmente de parte del Estado frente a ciudadanos normalmente
desprovistos de herramientas para defenderse de errores o de abusos
cometidos por funcionarios fiscales.